Pamela Martínez creyó que en el 2018 había destruido todos los archivos contables sobre los dineros supuestamente entregados por contratistas estatales a Alianza País (AP). Según ella, lo que la motivó a deshacerse de la documentación fue una llamada telefónica de Rafael Correa. El pasado martes 3 de septiembre de 2019, sentada en medio del auditorio de la Corte Nacional, recordó el episodio. “Me preguntó si destruí la información. Le dije que sí, pero me acordé que tenía un pendrive. Fui al departamento en Quito, lo hallé y lo metí en un vaso con agua”, contó.

Ayer, la exasesora de Correa reveló estos detalles durante su testimonio anticipado. Habló durante una hora y media en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia, tras haber tomado juramento ante la jueza Daniella Camacho. Al inicio se le quebró la voz, lloró y pidió perdón por su accionar. Explicó que la llamada de Correa se dio luego de que se conociera la sentencia por asociación ilícita del exvicepresidente Jorge Glas y tras conocerse que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó a funcionarios de control cercanos al exmandatario. En su relato mencionó que luego de destruir la evidencia se comunicó con su exasistente, Laura Terán, para saber si había borrado todos los documentos de las computadoras que usaron cuando eran funcionarias de la Presidencia.

Le respondió que sí, y que no pudo recuperar fotos familiares que tenía porque la máquina fue formateada. Pero según Martínez, quedaron dos registros más: uno fue entregado aun exsecretario Ejecutivo de AP, y otra copia hecha sin permiso por un asistente de servicios que trabajó junto a Martínez, en la oficina que montó en el edificio Concorde, en el norte de Quito. Dijo que él habría pedido dinero a cambio de destruir la información. Pero que no cedió “al chantaje”. La exfuncionaria contó que la información que contenían esos archivos data de agosto del 2013. En ese entonces recordó que fue convocada a una reunión con el Presidente. Este le dispuso hacer un registro digital de los valores que iban a manejar en las campañas. La instrucción se dio por la “vorágine de la campaña” y por la “informalidad” con la que Ricardo Patiño, uno de los líderes de AP, manejó los datos en una ocasión anterior. Luego, Martínez indicó que Correa le pidió que conversara con Glas para afinar los detalles. El Vicepresidente, por su lado, le dijo que una parte de la información se la proporcionaría el exsecretario Ejecutivo de AP (no está procesado). Según Martínez, el exdirigente actuó a través de dos delegados. En el auditorio de la Corte reveló sus nombres, pero tampoco han sido imputados. Como no manejaba el programa Excel, Martínez le pidió ayuda a Terán. Las hojas de cálculo se llenaron con el número de facturas, el concepto, el beneficiario y el monto, agregó. Contó que en el 2013, Alexis Mera acudió al edificio de la Unión. Ahí le dijo que por pedido de Correa se necesitaban “valores urgentes”. Esto lo confirmó con el Presidente, quien nuevamente la mandó a conversar con Glas. “Pocos días después recibí la llamada de la asistente de Glas, quien indicó que Geraldo Pereira de Souza, de Odebrecht, acudiría al edificio Concorde” a dejar el dinero. El sobre llegó conforme lo acordado y se lo entregó a un delegado de Mera. Como constancia, mencionó, elaboró un acta de recepción. En una de las ocasiones que preguntó sobre el destino del dinero, el delegado de Mera le habría comentado que eran para “un tema ambiental” y que se reuniría “con un doctor Fajardo”. Martínez dijo que la contabilidad se llevó a cabo en el edificio de La Unión, detrás de Carondelet,y también en el edificio Concorde, en el norte. Dijo que la Presidencia equipó este espacio con máquinas, Internet y telefonía. El arriendo lo habría pagado la Corporación Eléctrica del Ecuador hasta el 2013 y de ahí se hizo un contrato a nombre del esposo de Terán. Según la procesada, entre los datos que levantó constan varios pagos. Por ejemplo, USD 200 000 a Mera, 300 000 a Viviana Bonilla, excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, y un monto similar a María de los Ángeles Duarte, exministra de transporte. Todos hechos a sus delegados. El abogado de Bonilla, Calixto Vallejo, negó dichas entregas y manifestó que el testimonio no sirve como prueba. Martínez también confirmó el depósito de USD 6 000 en las cuentas de Correa, como parte de un “remanente” de los aportes de las empresas. El abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, lamentó que Fiscalía no haya hecho preguntas a Martínez y también que ella se haya negado a responder las inquietudes de otros procesados. Correa, en Twitter, rechazó la versión y pidió que se revisen las llamadas para confirmar si se comunicó con Martínez. Los hechos​17 de febrero del 2013​En febrero del 2013 se realizaron las elecciones presidenciales. Rafael Correa y Jorge Glas resultaron elegidos. Según Martínez, después recibió el encargo de llevar la contabilidad de los gastos para las seccionales. 23 de febrero del 2014 En ese proceso se escogieron prefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales. En esos comicios participó Viviana Bonilla, candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Según Martínez, esa campaña recibió aportes de contratistas. 16 de mayo del 2014​El 16 de mayo de ese año se depositaron USD 6 000 en la cuenta personal del entonces presidente Correa. La Fiscalía encontró el cheque en los archivos de Laura Terán. Según Martínez, los fondos eran de los aportes. 4 de mayo del 2019​Pamela Martínez se disponía a viajar al extranjero. Fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil. Ayer señaló que ese viaje estaba programado por una universidad de España, en la que cursa una maestría con beca. Desde entonces se encuentra arrestada. 7 de agosto del 2019 La jueza del caso, Daniella Camacho, vinculó a 22 procesados por el caso Sobornos 2012-2016. Dentro de los nuevos investigados constaban figuras como Alexis Mera, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. 1 de septiembre del 2019​La exasistente de Martínez, Laura Terán, rindió su testimonio anticipado en la Corte Nacional. Ahí dibujó el esquema de coimas que se habría realizado desde el 2013. En total nombró a 49 personas. Ubicó a Rafael Correa como líder de la supuesta red.

 

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